Los españoles tendremos que pagar 4000 euros a unas caraduras que robaron en su trabajo

Todo empezó cuando hace unos años un grupo de empleados de una cadena de supermercados española fueron despedidos por haber cometido una serie de robos en los que la empresa captó con las cámaras de seguridad y justificando los despidos correctamente.

No obstante se ha declarado que aunque los despidos son procedentes, la instalación de cámaras de seguridad sin informar a los trabajadores constituye una violación de su derecho a la intimidad y se les exige la compensación económica a los empleados de 4.000 euros.

 

 

 

Aunque España ha alegado no hacerse cargo de la situación, los tribunales españoles fallaron al no hacerlo y el Estado Español deberá compensar con 4.000 euros a cada una de las afectadas.

 

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